Regreso al pasado

La ley de supuestos de 1985, que despenalizaba el aborto, estuvo vigente hasta el año 2010: fue sustituida por la Ley de plazos, todavía en funcionamiento, que establece unos plazos para tomar una decisión en función de que aparezcan o no determinados problemas en el feto. El anuncio de la semana pasada de Gallardón de la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la mujer Embarazada supone un retroceso en los derechos y libertades, un viaje en el tiempo hacia épocas oscuras y tristes y enciende una batalla que parecía superada: trata a las mujeres como seres no autónomos, pone trabas para llevar a cabo la interrupción del embarazo dentro de la legalidad y la seguridad, criminaliza a los profesionales, victimiza a la mujer y penaliza el aborto.

El anteproyecto tiene algo de brindis al sol y va a suponer un gasto innecesario en informes, consultas con expertos, reacciones entre los profesionales –casi todos han mostrado su rechazo–, enfrentamientos entre los ciudadanos, apropiaciones absurdas de etiquetas (como si hubiera alguien que mereciera el nombre de abortista solo por defender el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, o como si solo estuvieran a favor de la vida quienes nunca tomarían esa decisión y quieren impedir que cualquiera la tome). Gallardón ha creado un problema donde no lo había para contentar a una franja minoritaria de votantes. Es sorprendente que el Ministerio de Sanidad no se haya pronunciado. El periódico inglés ‘The Times’, de corte conservador, hablaba de “Abuso de poder” y Francia ha mostrado su “inquietud” ante la reforma a través de la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno.

La ley debe de ser un marco que permita la convivencia de diferentes moralidades y las convicciones religiosas o personales no pueden estar por encima de la constitución. Aunque el derecho esté contemplado no implica la obligación para quien no quiera ejercerlo. Me molesta que se use “el derecho a la vida” como paraguas bajo el que se amparan extremistas que quieren imponer su moralidad a la sociedad. La legislación vigente en España desde 2010 es similar en casi toda Europa y la reforma solo ha sido aplaudida por el ultraderechista francés Le Pen. El número de abortos descendió en 2012 con la Ley de plazos, el 90% de las interrupciones habrían sido ilegales bajo la reforma de Gallardón. Son los mismos argumentos de siempre, pero tenemos que repetirlos para seguir defendiendo el derecho a decidir y negarnos a retroceder en el tiempo.

*Bañera publicada el domingo 29 de diciembre en Heraldo domingo.

**La viñeta es de El Roto.

 

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